Yo defiendo al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut

MAyCDS.jpgTODOS LOS HABITANTES TENEMOS DERECHO A UN AMBIENTE SANO, POR ELLO INVITAMOS A LA PRESERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE COMO AUTORIDAD AMBIENTAL INDEPENDIENTE Y JERARQUIZADA   Atento los dichos públicos de la posible desaparición del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y/o su fusión con otros organismos del Estado Provincial, es que queremos expresar nuestra opinión al respecto, ya que somos parte funcional del mismo.

Antes que nada, debemos saber que los organismos que poseen rango MINISTERIAL, son aquellos que tienen la más alta jerarquía en la línea política, siempre que el Gobierno instale la temática como prioridad en la agenda de gestión. No es menor el hecho que Chubut sea una de las pocas provincias (junto con Santa Fe y Jujuy) que tiene un organismo cuyo objeto es la temática ambiental exclusivamente. Vivimos en una provincia rica en recursos naturales, poseedora de un patrimonio ambiental y ecosistémico, y con una riqueza en biodiversidad únicos en el país, que el ex Gobernador Mario Das Neves supo ver y enaltecer allá por el año 2006, año en el que se crea el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. Su visión en generar un ámbito propicio para implementar políticas de estado en la temática ambiental, fue innovadora. Conformó un Organismo con diferentes áreas de trabajo: Gestión Ambiental con sus áreas de Educación Ambiental, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Laboratorio de ambiente especializado en el análisis y control de aguas naturales, suelo y aire y el área de Evaluación Ambiental; Regulación y Control Ambiental que abarca delegaciones en todas las comarcas (delegación Comodoro Rivadavia Comarca Senguer- San Jorge, delegación Trevelin - Los Andes y delegación Puerto Madryn, VICH, Península Valdés), cada una con sus características particulares y sus actividades de regulación y control.

Hoy en día tenemos un Ministerio independiente, con misiones y funciones que incluyen la generación de estrategias para la planificación y el ordenamiento ambiental en el territorio provincial; la preservación, conservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente y el control y la fiscalización de los recursos naturales, renovables y no renovables para la utilización racional y el aprovechamiento de los mismos, el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hídricos; y el control de la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hidrocarburíferos y mineros, en el marco del desarrollo sustentable.

Es ampliamente conocida la transversalidad de los temas ambientales, cuestión en la que coinciden todos los autores, que expresan sus conocimientos de la temática en la literatura ambiental existente. Por ello, es fundamental contar con una Autoridad de aplicación completamente independiente, que permita controlar y preservar de manera adecuada los recursos naturales.  Los recursos hidrocarburíferos representan la actividad económica más importante de la provincia, lo que conlleva también, impactos ambientales muy importantes. Pretender juntar a la Autoridad de Aplicación Ambiental con el Ministerio de Hidrocarburos y Minería sería un retroceso enorme, una torpeza, dado que tienen intereses totalmente contrapuestos. Imaginemos un único Ministerio, en el que ambiente tenga que controlar la actividad petrolera y minera, ambos temas sensibles desde el punto de vista ambiental y social.

Entendemos que se debe fortalecer a los organismos de control, para otorgar verdaderas garantías de control y transparencia, cuestiones ampliamente reclamadas por la sociedad, pero lamentablemente de concretarse el proyecto, según la información aportada por los medios de comunicación, pareciera que se intenta debilitar las actividades de fiscalización y control.

Cabe recordar que en el año 2002-2003 cuando se realizó el plebiscito de  Esquel de No a la Mina, relativa al proyecto Esquel, la Dirección de Minas y Geología (DGMyG), era quien impulsaba el proyecto, pero al mismo tiempo debía controlarlo, dado que por aquellos años la misma DGMyG era la Autoridad de Aplicación Ambiental en temática minera. Esto no pasó desapercibido ante los ojos de la sociedad, que criticó duramente y con razón esta contraposición, entre otras cuestiones, terminando con un plebiscito por el no a la mina que obtuvo casi el 80 % de los votos en contra.

Según se desprende de las atribuciones del Ministerio, surge el interrogante de cómo es posible ejercer el control de la gestión ambiental siendo parte de una misma estructura con organismos destinadas al fomento de las actividades. Consideramos entonces, que la independencia y jerarquía del organismo, son cualidades que contribuyen al cumplimiento de una de sus funciones principales, la de “contralor”, que permita al Estado a su vez, garantizar a los habitantes de la Provincia gozar de un ambiente sano, derecho reconocido por la Constitución Nacional en su Artículo 41 y la Constitución Provincial en su Artículo 109.

  Constitución Provincial “ARTÍCULO 109.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano que asegura la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.”  

Es oportuno destacar que el Ministerio de Ambiente cuenta con aproximadamente 130 personas entre profesionales, técnicos y administrativos, con un presupuesto que ronda el 0,14 % del presupuesto provincial, por lo que, de tratarse de una reestructuración para reducir el gasto público no generaría un ahorro o diferencia significativa en la economía y/o finanzas provinciales. Por otro lado, si el objetivo que se persigue es imprimir mayor “operatividad o agilidad” estamos convencidos de que el camino es el fortalecimiento del organismo, disponiendo de los recursos materiales necesarios y el fortalecimiento de las áreas técnicas que se encuentran funcionando con profesionales mayormente contratados, además de percibir salarios que no están acordes a la situación económica actual. No podemos dejar de remarcar en esta oportunidad, la trayectoria de trabajo establecida no solo con los demás estamentos del estado provincial sino también en relación a otras provincias y con nuestro máximo organismo ambiental nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, logrando un gran reconocimiento, y en muchas oportunidades siendo considerado un ejemplo a seguir.

Creemos oportuno resaltar que en el corto plazo transcurrido desde que se hizo pública la postura de los empleados del MAyCDS, hemos recibido el apoyo de diferentes actores de la sociedad, incluyendo ONGs locales y nacionales, docentes de instituciones universitarias emplazadas en el territorio provincial, abogados especializados en la temática ambiental y la ciudadanía en general.

Nuestra postura se respalda también en la Ley General del Ambiente Nº 25675, de presupuestos mínimos que reconoce el principio de gradualidad o progresividad (de no regresión) en materia ambiental. La Dra. Andrea Burucua, Directora del Instituto de Derecho Ambiental, Colegio de abogados de Morón, indica que este principio implica la obligación de sostener los avances alcanzados, no disminuirlo, no retroceder en los progresos obtenidos. Asimismo manifiesta que, los derechos conquistados no deberían ser puestos en riesgo, ni siquiera reavivarse su debate y que cualquier norma o decisión administrativa que implique retroceso, en el sentido menoscabo de un derecho o situación jurídica estarían vulnerando este principio fundamental de la gestión y política ambiental de nuestro país.

Otro principio reconocido en la Ley General del Ambiente y que defendemos con nuestra postura, es el de sustentabilidad que expresa que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.           

No es menor mencionar el hecho de que el Estado Nacional haya jerarquizado el Organismo Ambiental, ascendiendo su rango de Secretaría a Ministerio.

Por lo antes expuesto los empleados del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable rechazamos rotundamente cualquier restructuración que implique la pérdida de independencia y jerarquía como Autoridad de Aplicación Ambiental.  


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