Pronunciamiento hacia la VI Cumbre de las Américas

Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina);  Corporación Humanas (Chile, Colombia y Ecuador), EQUIS: Justicia para las Mujeres (México) y DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la mujer (Perú).

 

Revisión de la actual política anti-drogas: una prioridad para reducir la violencia contra las mujeres en las Américas

Comunicado hacia la Sexta Cumbre de las Américas

Abril de 2012

(English and Portuguese version, below)

Como ha sido ampliamente documentado, la violencia contra las mujeres en nuestros países, enraizada en el sexismo y la discriminación estructural, se incrementa por el contexto de violencia armada de la región, la cual, a su vez, está directamente relacionada con el narcotráfico. Por ello, detener el aumento de  la violencia contra las mujeres, requiere con urgencia una revisión de las políticas de prohibición del comercio de drogas.

El narcotráfico ha sido el causante del surgimiento y fortalecimiento de distintos aparatos criminales, que encuentran en la vía armada la manera de defender sus intereses comerciales, pasando por encima de los derechos humanos de la población y debilitando transversalmente -mediante la corrupción- a los Estados y sus instituciones. Las políticas antidrogas desarrolladas por los Estados no han detenido el narcotráfico ni disminuido el consumo de drogas[1].

Los  recientes estudios sobre feminicidios muestran cómo la tasa de homicidios de mujeres ha crecido casi el triple que la de hombres en los países de la región más afectados por el narcotráfico y cómo, además, ha aumentado la crueldad con la que tales actos se cometen. Este incremento se relaciona directamente con los nuevos contextos y dinámicas regionales, caracterizados por la presencia de mafias y redes delictivas asociadas al comercio de drogas, que lejos de ver menguado su accionar por las políticas que los Estados han creado para enfrentarlas, han fortalecido su negocio y se han aliado con actores sociales tradicionales  (políticos, militares y empresarios) garantizando además la impunidad de sus actos[2].

En la guerra contra las drogas, como en otros conflictos armados, las mujeres han sufrido de manera desproporcionada el impacto de la violencia, puesto que la discriminación histórica que ha recaído sobre ellas las ha ubicado en especiales condiciones de vulnerabilidad. La violencia estructural que enfrentan las mujeres por el hecho de serlo se ha visto incrementada e intensificada en el marco de los conflictos que generan los mercados ilegales, en los cuales sus cuerpos han sido usados como campos de batalla en los contextos de confrontación, y han llevado la peor parte en la consecuente militarización de los territorios. Esto se debe a que la conformación de ejércitos ilegales exacerba los estereotipos de género y exige masculinidades afincadas en la dominación y el uso de la fuerza desmedida y feminidades dependientes y sumisas. En contextos de alta violencia, la crueldad contra las mujeres posee connotaciones simbólicas dentro de los grupos armados, que se ensañan con los cuerpos de las mujeres. Pero también quienes no pertenecen a grupos armados, en contextos de alta violencia como éstos, pueden acceder fácilmente a las armas y hacer uso de ellas en la esfera doméstica, contra las mujeres, y se benefician igualmente de la débil actuación de los sistemas de justicia y la consecuente impunidad.

Las actuales políticas antidrogas, que mantienen su comercialización en la ilegalidad, favorecen también otras actividades ilícitas asociadas al narcotráfico tales como el tráfico de armas y la trata de personas. Esta ausencia de reglamentación favorece los crímenes contra las mujeres que pueden cometerse en los escenarios donde permanece ausente -o connivente- el Estado.

Las investigaciones y procesos penales, que han demostrado su incapacidad para actuar contra las cúpulas de estas organizaciones criminales, han actuado en cambio con eficacia contra quienes tienen menos poder en este comercio: las mulas. El aumento de mujeres en las cárceles en los últimos años -y sus graves impactos sociales- se debe precisamente a su vinculación en el tráfico de drogas como “mulas” o vendedoras de la más baja escala, reproduciendo su discriminación estructural.

Se trata de analizar la problemática más allá de los factores económicos y de un concepto restringido de seguridad, para plantear posibles respuestas desde una perspectiva de derechos humanos y de democracia, donde la institucionalidad funcione para proteger los derechos de las personas.

Los Estados no pueden seguir haciendo caso omiso de esta realidad: el narcotráfico ha generado una violencia cada vez más generalizada en el continente, amenaza  la estabilidad de los Estados y el funcionamiento de los sistemas de justicia, todo lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ubicándolas en situaciones de mayor riesgo y desprotección, que reproducen la discriminación y que favorecen formas cada vez más extremas de violencia contra las mujeres.

Frente a la grave situación de violencia armada en nuestros países, que constituye un flagelo para nuestras sociedades, para nuestras instituciones democráticas y afecta de una manera especialmente grave a las mujeres, resulta inaplazable una discusión frontal de la actual política de drogas y detener la proliferación de armas en la región. La Sexta Cumbre de las Américas es la oportunidad para que los Estados muestren su compromiso con los derechos humanos y en particular la vigencia y garantía de los derechos de las mujeres en la región, abriendo la necesaria discusión sobre una regulación del comercio legal de drogas. La revisión de la actual política de control de drogas es una cuestión de derechos humanos y constituye, por tanto, una obligación ineludible para los Estados democráticos.

 

Review of the current anti-drug policy: a priority to reduce violence against women in the Americas

Communication to the Sixth Summit of the Americas

Cartagena – Colombia, April 2012

 

As it has been widely documented, violence against women in Latin-American countries, rooted on sexism and structural discrimination, has increased because of the armed violence context in this region, directly related to drug trafficking. Therefore, to stop the increase of violence against women an urgent revision of drug commerce prohibition policies is required.

Drug trafficking has been responsible for the emergence and strengthening of various criminal organizations, which defend their commercial interests by armed means, infringing on people’s human rights and cross-weakening the States and its institutions through corruption. Antidrug policies developed by the States have not stopped drug trafficking nor decrease drug use[3].

Recent studies on femicide show how women’s murder rate has grown almost three times that of men in the countries of the region most affected by drug trafficking, and how the cruelty of those crimes has also increased.  This increase is directly related to new contexts and regional dynamics, characterized by the presence of gangs and criminal networks associated to drug commerce, which -far from seeing their actions  affected by the policies that States have created to address them- have strengthened their business and have allied with traditional social actors (political, military and business) also guaranteeing impunity for their actions[4].

In the war against drugs, as in other armed conflicts, women have suffered disproportionately from the violence, since the historical discrimination that befalls on them, places women in special conditions of vulnerability. The structural violence faced by women because of being women, has increased and intensified in the context of conflicts generated by illegal markets in which their bodies have been used as battle camps in confrontation stages, and have received the brunt of the subsequent militarization of territories. This is because the formation of illegal armies exacerbates gender stereotypes and demands masculinities settled down on domination and the use of excessive force, as well as dependent and submissive femininities. In high violence contexts, cruelty against women has symbolic connotations within armed groups, which show no mercy to women’s bodies. But also those who don’t belong to armed groups, in high violence contexts like these, are able to have good access to arms and use them in the domestic sphere, against women, and also benefit from the weakness of the justice system and the consequent impunity.

Current anti-drugs policies, that keep its commerce illegal, also promote other illegal activities associated with drug trafficking such as trafficking in arms and human trafficking. This lack of regulation favors the crimes against women that can be committed on stages where the State is absent or complicit.

Criminal prosecution policies, which have proved their inability to act against the leadership of these criminal organizations have acted effectively against those who have less power in this trade instead: the “mules”. The increase of women in prisons in recent years -and its serious social effects- is precisely due to their involvement in drug trafficking as “mules” or sellers of the lowest scale, reproducing their structural discrimination.

It is necessary to analyze this problem beyond economical factors and a narrow concept of security to pose possible answers from a perspective of human rights and democracy, where the institutions work to protect the rights of people.

The States can not continue to ignore this reality: drug trafficking has led to increasingly widespread violence in the continent, threatening the stability of States and the operation of justice systems, all of which disproportionately affects women, placing them at the higher risk and vulnerability, reproducing their discrimination and favoring more extreme forms of violence against women.

Facing the serious armed violence situation in our countries, which is a scourge on our societies and our democratic institutions and affects women in a particularly severe way, a direct discussion of the current drug policy and to stop arms proliferation is urgent. The Sixth Summit of the Americas is an opportunity for the States to show their compromise with human rights and, in particular, the guarantee of women’s rights in the region, opening the debate on regulation of legal trade in drugs. The review of the current drug control policy is therefore a matter of human rights and should be an unavoidable obligation for democratic States.

Revisão da atual política de drogas é uma prioridade para reduzir a violênciacontra as mulheres nas Américas

Declaração para a Sexta Cúpula das Américas

Abril 2012

 

Como tem sido amplamente documentado, a violência contra as mulheres em nossos países, enraizada no sexismo e na discriminação estrutural, é aumentada pelo contexto de violência armada da região, o qual, por sua vez, está diretamente relacionado  ao tráfico de drogas. Então, o combate ao aumento da violência contra as mulheres exige uma revisão urgente das políticas que proíbem o comércio de drogas.

O narcotráfico tem sido responsável pelo surgimento e fortalecimento de diferentes aparatos criminosos que encontram na luta armada a maneira de defender seus interesses comerciais, passando por cima dos direitos humanos da população e enfraquecendo, transversalmente - por meio da corrupção -, os Estados e suas instituições. As políticas antidrogas desenvolvidas pelos Estados não detiveram o narcotráfico e nem diminuíram o consumo de drogas[1].

Estudos recentes sobre feminicídios mostram que a taxa de homicídios de mulheres cresceu quase o triplo em relação à de homens nos países da região mais afetados pelo narcotráfico e apontam, também, para um aumento dos níveis de crueldade com que esses atos são cometidos. Este aumento está diretamente relacionado aos novos contextos e dinâmicas regionais, caracterizados pela presença de máfias e redes de criminosos associadas ao comércio de drogas, que, apesar das políticas de combate criadas pelos Estados, fortaleceram seu negócio e se aliaram a atores sociais tradicionais (políticos, militares e empresários), garantindo a impunidade de seus atos[2].

Na guerra contra as drogas, como em outros conflitos armados, as mulheres têm sofrido desproporcionalmente o impacto da violência devido às condições de vulnerabilidade que  as acompanham graças à discriminação histórica. A violência estrutural enfrentada pelas mulheres aumentou e se intensificou no contexto dos conflitos gerados pelos mercados ilegais, nos quais seus corpos são usadas como campos de batalha em contextos de confronto. Elas têm suportado a pior parte na decorrente militarização dos territórios. Isto porque a formação de exércitos ilegais exacerba estereótipos de gênero e exige uma masculinidade pautada na dominação e no uso de força excessiva,  e feminilidades dependentes e submissas. Nos contextos de alta violência, a crueldade contra as mulheres tem conotações simbólicas dentro dos grupos armados, que se perfazem no corpo das mulheres. Mas também aqueles que não pertencem a grupos armados em contextos de violência extrema como estes podem facilmente obter acesso a armas e usá-las na esfera doméstica, contra mulheres, e se beneficiam igualmente da débil atuação do sistema de justiça e da consequente impunidade.

As atuais políticas anti-drogas, que mantêm a comercialização na ilegalidade, também favorecem outras atividades ilícitas associadas ao narcotráfico, como o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. Esta falta de regulamentação favorece crimes contra as mulheres que podem ser cometidos nos cenários onde permanece ausente – ou conivente – o Estado.

As políticas penais persecutórias, que demonstraram a sua incapacidade para atuar contra as cúpulas destas organizações criminosas, têm atuado, ao contrário, de forma eficaz contra aqueles com menos poder neste tipo de comércio: as mulas. O aumento de mulheres nas prisões nos últimos anos – e seus profundos impactos sociais –se deve precisamente à sua ligação com o tráfico de drogas como "mulas" ou vendedoras de menor escala, reproduzindo sua discriminação estrutural.

Trata-se de analisar a problemática para além dos fatores econômicos e um conceito restrito de segurança, para apresentar possíveis respostas a partir de uma perspectiva de direitos humanos e da democracia, onde as instituições funcionem para proteger os direitos das pessoas.

Os Estados não podem continuar sendo omissos em relação a esta realidade: o narcotráfico gerou uma violência cada vez mais generalizada no continente, ameaçando a estabilidade dos Estados e o funcionamento dos sistemas de justiça, o que afeta desproporcionalmente às mulheres, colocando-as em situações de maior risco e ausência de proteção, reproduzindo a discriminação e promovendo formas cada vez mais extremas de violência contra as mulheres.

Diante da grave situação de violência armada em nossos países, que constitui um flagelo para nossas sociedades e instituições democráticas e afeta de maneira particularmente grave as mulheres, se faz imprescindível uma discussão direta acerca da atual política de drogas e e a interrupção  da proliferação de armas na região. A Sexta Cúpula das Américas é uma oportunidade para que os Estados mostrem seu compromisso com os direitos humanos e em particular com a vigência e garantia dos direitos das mulheres na região, abrindo a discussão necessária sobre a regulamentação do comércio legal de drogas. A revisão da política atual de controle de drogas é uma questão de direitos humanos e constitui, portanto, uma obrigação incontornável em países democráticos.

 

[1] Um conjunto completo de argumentos que fundamentam a necessidade de acabar com a criminalização, marginalização e estigmatização das pessoas que usam drogas, mas não fazem mal aos outros, está incluído no "Relatório da Comissão Mundial sobre Política de Drogas" (Junho de 2011). Disponível em <http://www.globalcommissionondrugs.org/>

[2] Para uma análise detalhada da relação entre o comércio de drogas e os feminicídios (além das distintas formas de violência contra as mulheres), veja: Carcedo, Anna (ed.) (2010). Não esquecemos, nem aceitamos: Feminicídio na América Central 2000-2006, São José, Costa Rica. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).

[1] Un completo conjunto de argumentos que sustentan la necesidad de terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros, se incluye en el “Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas” (Junio de 2011). En línea: http://www.globalcommissionondrugs.org/

[2] Para un análisis en profundidad de la relación entre el comercio de drogas y los feminicidios (además de distintas formas de violencia contra las mujeres), ver: Carcedo, Ana (coord.) (2010), No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San José, Costa Rica. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).

[3] For a complete set of arguments supporting the need to end the criminalization, marginalization and stigmatization of people who use drugs but who do no harm to others, see the “Report of the Global Commission on Drug Policy” (June, 2011). On line: http://www.globalcommissionondrugs.org/

[4] For an in-depth analysis about the link between drug commerce and femicide along with other forms of violence against women, see: Carcedo, Ana (ed.) (2010), No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San José, Costa Rica. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).


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